Ambiental
Laboral y SST

El Ministerio de Salud y Protección Social publicó la Resolución 929 de 2026 “Por la cual se adoptan los criterios técnicos constructivos y de seguridad para los establecimientos e inmuebles con piscinas y estructuras similares, y se dictan otras disposiciones". Esta Resolución se dirige a las personas naturales y jurídicas responsables de establecimientos e inmuebles con piscinas y estructuras similares, secretarías de salud departamentales, distritales y municipales, u otras dependencias administrativas encargadas de la vigilancia y control, y establece las normas de seguridad y criterios técnicos constructivos que deben cumplir los establecimientos con piscinas o estructuras similares, para obtener la autorización de uso que tendrá una vigencia inicial de cuatro (4) años. La norma define los requisitos documentales para acceder a la autorización para el uso de estas estructuras, las obligaciones específicas de los constructores, el plan de seguridad integral del establecimiento, las medidas de sostenibilidad ambiental y el régimen de transición que otorga a los poseedores actuales de inmuebles con piscinas, el término de treinta (30) días siguientes a la inspección de seguridad, para adaptar sus estructuras a los criterios técnicos de los que trata esta resolución. La Resolución se encuentra vigente desde el 14 de mayo de 2026.

El Ministerio de Trabajo publicó la Circular 049 de 2026 referente a los “Lineamientos para el trámite de autorización de terminación del vínculo laboral en casos de estabilidad laboral reforzada por discapacidad o condiciones de salud.". Esta norma va dirigida principalmente a los Inspectores de trabajo y a los empleadores que buscan tramitar la autorización de despido de un trabajador en condición de estabilidad laboral reforzada por discapacidad o condiciones de salud. La Circular establece cuáles serán los requisitos específicos probatorios y procedimentales que tendrán que ser agotados por el empleador que pretenda la autorización de despido ante escenarios como la terminación del contrato laboral con justa causa, la existencia de una causal objetiva o que la situación de salud del empleado dificulte sustancialmente el desempeño del trabajo en condiciones regulares. La norma se encuentra vigente desde el 22 de mayo de 2026.

El Ministerio de Trabajo publicó la Circular 048 de 2026 referente a los "Lineamientos generales sobre reforma laboral respecto al debido proceso disciplinario". Esta Circular va dirigida a empleadores, trabajadores, organizaciones sindicales, a las direcciones territoriales del trabajo, oficinas especiales y a los coordinadores de grupo de inspectores del trabajo y la seguridad social, y puntualiza la interpretación del Ministerio sobre cómo deben llevarse a cabo los procesos disciplinarios a la luz de la reforma laboral aprobada en el año 2025, para que estos no deriven en vicios que puedan representar perjuicios a los derechos fundamentales de los empleados, o en la inoperancia de la facultad sancionatoria del empleador. El nuevo proceso disciplinario debió haberse consignado en los Reglamentos internos del Trabajo al 25 de junio del 2026.

El Congreso de la República promulgó la Ley 2578 de 2026 “Por medio de la cual se vincula la Nación en el homenaje al municipio de Chiquinquirá en el departamento de Boyacá, como destacado centro turístico religioso, histórico y cultural, y se dictan otras disposiciones". Esta Ley declara el 9 de julio de cada año como el “Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá”, el cual tendrá carácter festivo y deberá ser entendido como día de descanso remunerado para los empleados tanto del sector público como privado. Conforme a la legislación vigente, este festivo se traslada al lunes siguiente, que este año corresponde al 13 de julio. La norma se encuentra vigente desde el 2 de junio de 2026.

El Ministerio del Trabajo publicó el Decreto 581 de 2026 "Por el cual se adiciona un capítulo 4, al Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo y se dictan otras disposiciones sobre la tercerización e intermediación laboral ilegal". Esta norma se dirige a todo empleador del sector privado que utilice la intermediación o tercerización laboral, sin cumplir con los requisitos legales para operar esas modalidades contractuales. Para este fin el Decreto enuncia cuáles son los indicios de prácticas de tercerización laboral ilegal, crea una “presunción reforzada de laboralidad”, y describe varios escenarios en los cuales se podría presumir la ilegalidad en la contratación bajo estas modalidades. Las empresas o entidades que participen de estas prácticas podrán ser sancionadas por el Ministerio del Trabajo. La norma se encuentra vigente desde el 13 de junio de 2026.

El Ministerio de Minas y Energía publicó la Resolución 40284 de 2026 "Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE". Las modificaciones implementadas al RETIE de las que trata esta Resolución van dirigidas a las instalaciones eléctricas, a los productos utilizados en estas instalaciones y a las personas naturales y/o jurídicas que las intervengan. Igualmente, adopta cambios relacionados con la flexibilización a los requisitos de los técnicos electricistas para elaborar esquemas constructivos en instalaciones básicas de baja complejidad y a la exención de certificación plena para instalaciones de autogeneración de pequeña escala conectadas a la red. La Resolución también dispone precisiones regulatorias referentes a qué normas aplican para productos, instalaciones o personas al momento de su expedición. La norma se encuentra vigente desde el 25 de junio de 2026.

El Ministerio de Trabajo emitió el Decreto 661 de 2026, “Por el cual se adiciona y modifica el Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo, en lo relacionado con el contrato sindical, se dictan medidas para prevenir la intermediación laboral ilegal”. La nueva norma reglamenta el uso del contrato sindical para prevenir y establecer controles sobre la intermediación ilegal, garantizando el trabajo decente y el ejercicio de los derechos sindicales. Las empresas privadas o públicas, incluyendo las instituciones prestadoras de salud, deberán abstenerse de utilizar el contrato sindical para encubrir la intermediación laboral ilegal, suministrar personal misional permanente, sustituir empleos requeridos para la prestación ordinaria del servicio de salud o afectar los derechos consagrados en las normas laborales vigentes. El Decreto establece algunos indicios de irregularidad en la suscripción de contratos sindicales, así como los requisitos previos y garantías mínimas del reglamento para el contrato sindical.